[por Norberto Malaj]
[Foto EFE/EPA / KIM LUDBROOK.]
Así se
titula una declaración de la Federación Sudafricana de Sindicatos que publica The Bullet de Canadá (30/1). La
declaración denuncia que “Sudáfrica es el país más desigual del mundo. Nuestro
(los) sistema (s) de salud simbolizan esto con la mitad de nuestro gasto en
salud que atiende solo al 16% de la población. La otra mitad cubre el 84% de
nuestra gente, principalmente la clase trabajadora pobre y negra”.
“Se estima que el número de muertos de
Sudáfrica, del 6 de mayo al 8 de diciembre de 2020, se situó en 60.000 si se
tiene en cuenta el exceso de muertes. Sin duda, la aparición de la nueva
variante mucho más transmisible seguirá abrumando nuestro servicio de salud. Mi
propia estimación —dice la activista Rehad Desai—, dada la combinación de tasas
de infección más altas y un servicio de salud colapsado, a menos que
instituyamos un programa de vacuna masivo, las muertes en 2021 podrían
duplicar, posiblemente triplicar, el número de muertes que hemos experimentado
en
La
declaración sindical denuncia que el monopolio privado de las grandes
farmacéuticas, antes aún de la pandemia, provocaba que “un millón y medio de
personas mueren anualmente por falta de acceso a las vacunas, mientras que
decenas de millones de niños todavía no tienen acceso a la inmunización. El
fallo del mercado de las vacunas se ve confirmado por el hecho de que, tan
recientemente como en 2017, los países de ingresos bajos a medianos (PIBM)
representaron el 79% del volumen de ventas de vacunas del mercado mundial y,
sin embargo, eran solo el 20% del valor total real”. En este sentido la
declaración denuncia lo que es vox populi: “A fines de 2020, la cifra mundial
confirmada de muertes por COVID-19 ascendía a más de 1.8 millones de personas;
pero la mayoría especula que, lamentablemente, el número real es mucho más alto
—tal vez tres millones si se incluyen las muertes ´en exceso´”. La SAFTU
reclama poner fin a las leyes de patentes que consagran el principio de
priorizar el beneficio del capital”. La
declaración recuerda la trágica experiencia de Sudáfrica y todo el continente
negro con el Sida, cuando las grandes farmacéuticas se negaron a distribuir
“los medicamentos antirretrovirales para el VIH que provocó la pérdida innecesaria
de cientos de miles de vidas en las décadas de 1990 y
En
Sudáfrica está en marcha una campaña para que el país “ajuste sus leyes de
patentes a la Constitución, que brinda a ´todos el derecho de acceso a los
servicios de atención médica´… la campaña Fix the Patent Laws ha contribuido
sin duda a informar la moción conjunta de Sudáfrica con la India que pide una
exención del acuerdo ADPIC a la OMC lo que permitiría compartir la propiedad
intelectual en torno a las vacunas COVID-19. La moción cuenta con el apoyo de
140 países, pero tiene la oposición de un club de naciones que siguen dominando
el mundo y que están acompañadas de aliados como el presidente de Brasil, Jair
Bolsonaro y cuya resolución parece poco probable”.
Contra
lo que la burguesía mundial hace creer, la declaración destaca el rol
parasitario de los grandes monopolios medicinales: “Las grandes farmacéuticas
solo participan en la investigación y el desarrollo (I + D) de vacunas y
tratamientos terapéuticos para enfermedades que son más frecuentes en los
países más ricos y / o requieren un tratamiento repetido. Estos medicamentos a
menudo son muy costosos y se limitan a aquellos con atención médica privada o
en los hospitales del sector público donde los estados nacionales pueden pagar
los tratamientos. Las grandes farmacéuticas, en este contexto, han actuado para
frenar los revolucionarios avances tecnológicos biomédicos al alcance de la
sociedad. En la brecha han intervenido las universidades, los Institutos
Nacionales de Salud y los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU.
(CDC). Estos han sido pioneros en I + D médico, quizás de manera más prominente
que los estados” (ídem).
“SAFTU
advierte al Tesoro sudafricano que deje de frustrar los esfuerzos para
proporcionar vacunas”, denuncia la declaración. “¡Impuestos a las empresas y a
los ricos!” reclama SAFTU e “insiste en revertir los
recortes de impuestos corporativos, poner fin a las lagunas absurdas y
restablecer la tasa impositiva primaria a donde estaba en 1992: 52% (frente al
28% actual). La tasa impositiva personal del 45% que pagan los ricos no es lo
suficientemente alta para lograr la redistribución, dados los enormes
beneficios que reciben de los privilegios residuales del apartheid, incluida la
mano de obra ultrabarata en sus hogares, jardines y fuerzas de seguridad
privadas”.
(1º febrero 2021)
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